A raíz de la decisión del Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador de dar por cancelada la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de iniciar un nuevo proyecto en Santa Lucía, el aeropuerto actual y Toluca, con base en los resultados obtenidos en su consulta ciudadana, el Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, aquí representado, rechaza categóricamente dicha determinación y manifiesta su gran preocupación por el proceso que siguió esta decisión.
Desde que inició la consulta, el CCE Puebla hizo pública su postura sobre falta de objetividad e imparcialidad, nula representación poblacional, escasa metodología e insuficiencia de apego a la ley para considerar como válido dicho proceso, asimismo, a través de los medios de comunicación se nos informó sobre la carencia de mecanismos para llevar a cabo una votación transparente, segura y con sustento, lo cual tuvo como resultado manipulación en la votación. Consultar a la ciudadanía sin duda es una expresión democrática, pero hacerlo al margen de la ley, sin una metodología sólida y luego pretender hacerla pasar como legítima y genuina es una ofensa para el pueblo mexicano.
Con esta decisión México tendrá que estar preparado para hacer frente a situaciones que afectarán de manera directa la: certidumbre, generación de empleos, estabilidad de la economía mexicana, pérdida y atracción de inversiones y capacidad para atender la demanda aeroportuaria y comercial; sin contar aspectos inmediatos que implican la cancelación de un proyecto de gran envergadura como las multas por incumplimiento de contratos que ascienden alrededor de 120 mil millones de pesos, pérdida de aproximadamente 46 mil empleos y una clara depreciación del peso frente al dólar.
Desde el Consejo Coordinador Empresarial de Puebla reiteramos nuestra preocupación al Presidente Electo de las repercusiones nacionales e internacionales que México puede llegar a tener en temas económicos, pues esta decisión no debió ser vinculante con la consulta sino que debió basarse en estudios técnicos especializados.
Asimismo externamos nuestra inquietud al gobierno de transición ante un panorama incierto para la iniciativa privada, donde las instituciones y los especialistas no son legitimados y las formas para decidir sobre aspectos que marcarán el futuro de nuestro país pierden seriedad, situación aún más alarmante cuando dicho gobierno todavía no entra en función.
Hoy México pierde credibilidad con un proceso que no buscó regirse por las leyes constitucionales y que no representó a la mayoría sino únicamente el 0.082% de la lista nominal, el sector empresarial hace un llamado al gobierno federal de transición a mantener y reforzar la cercanía con la iniciativa privada de México a través del diálogo constante, reafirmando el compromiso que tenemos con el país para impulsar su desarrollo social y económico.
Nuestra demanda se une a la voz de los empresarios de México, que junto con millones de hombres y mujeres, día a día entregan cuerpo y alma por sus familias y por su país. Desde Puebla les decimos que seguiremos puntualmente el curso de esta decisión y que nos sumaremos a los esfuerzos que se emprendan para revertir esta decisión.
Para finalizar, insistimos en que el marco jurídico de nuestro país debe respetarse, motivo por el que la responsabilidad de las decisiones debe recaer directamente en las instituciones públicas competentes a través de un gobierno capaz de tomar las medidas que mejor convengan al pueblo sin afectarlo.
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